jueves, 19 de abril de 2007

La nueva era de censura digital

Toca hablar de la SGAE. Sí, tardaba muchísimo en comentarlo, pero la maldita Sociedad General de Autores y Editores lleva un añito que deja mucho que desear. Está que se sale, y destacando encima de todo ello la polémica entrada fuera de tiempo del artículo 17bis para la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, más conocida como LISI o ley 34/2002.


Sí, amigos mios, lo que ha ocurrido es que en el último momento, fuera de plazo, es decir, despues de su revisión por el Consejo Asesor de Telecomucicaciones. Se ha incluido, por petición de la SGAE & Co el artículo 17 bis, en el que se dice principalmente que las sociedades de gestión de derechos de autor pueden obligar a las proveedoras de servicios de Internet a cerrar las webs que ellas consideren oportunas. Esto es: CENSURA

Significa que las sociedades de derechos de autor, destacando entre ellos a la mafiosa y odiada SGAE, podrán cerrar cualquier página que se le antoje, saltándose a cualquier juez y, por que no decirlo, saltándose la propia constitución, por que no me jodas, este artículo tiene que ser anticonstitucional por cojones. Se acabaron las amenazas de "o quitas esto o te demando", ahora diréctamente te cierran la web y ni chistar, que tendrán legitimidad para ello.

La SGAE abarca y abarca y sigue consiguiendo más poder, parece que sus largos tentáculos jamás se terminarán y jamás dejarán de intentar succionar más poder. Pero vamos a ver, ¿que es esto, una entidad de gestión de derechos de autor? ¿o más bien una mafia? ¿o una sociedad para dominar el mundo? Por que ya me contaréis, una sociedad privada metiendo mano en cosas públicas, dentro de las que solo pueden tener jurisdicción los jueces... aunque claro, estando estos comprados, mucha diferencia no habrá.

Las repercusiones que puede tener esta ley son muchas, pero las principales tienen mucho que ver con que el panorama digital español cada vez se parece más al chino, o a los países en los que la censura en internet es lo más cotidiano del mundo. Algunas consecuencias aparecen en un artículo de la Asociación de Internautas:

• Afecta a las relaciones contractuales de los prestadores con sus clientes, sin responsabilidad alguna por las entidades y Asociaciones, más que una ridícula y genérica referencia.

• Pretende introducir una garantía judicial sin contenido real ya que tras la presentación de la solicitud de diligencias preliminares no hay que esperar a que el Juez se pronuncie acerca de su procedencia o improcedencia.

• Además, los prestadores están obligados a conservar los datos de los requerimientos realizados por si les son exigidos posteriormente por la Autoridad Judicial.

• No soluciona el problema del supuesto en que el cliente del prestador y el presunto vulnerador de derechos de Propiedad Intelectual sean personas diferentes. No se tiene en cuenta la problemática que deriva de la atribución de direcciones IP y cuestiones como la extensión de áreas Wi-Fi, etc.

• Puede afectarse por Ley ordinaria los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones y además en una atmósfera de ausencia absoluta de garantía de intervención pública en todas sus formas.

• Da licencia para que hagan lo propio con los "infractores" que usen sistemas P2P de intercambio de archivos, como Emule o Bittorrent. En la notificación se incluirá la dirección IP [el identificador único de un ordenador conectado a Internet], que es un dato de carácter personal protegido por la ley española. El cliente tiene cinco días para responder, y no se aclara si con este sistema se podría denunciar no sólo a las web que contienen enlaces a material protegido sino a los usuarios particulares que hacen uso de esas redes.

Por último aquí os dejo un video parodia que tiene mucho que ver con la persecución a la que estamos sometidos quienes compartimos cultura:

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